miércoles, 4 de diciembre de 2013

Ines del Río (Imagen antena3.com)
En estas dos últimas semanas en los programas informativos, tanto de radio como de tele, y en los periódicos no se ha parado de hablar de otra cosa, la ‘Doctrina Parot’. La ‘Doctrina Parot’ es el nombre con el que se conoce la ley establecida a partir del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 en la cual se establecía que los beneficios penitenciarios se aplican a cada una de las condenas que tenga el interno de forma individual y no al total máximo de cumplimiento de las penas que marca la ley, que es 30 años.
El problema llegó cuando la Sala pequeña del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) estableció el 10 de Julio de 2012 que la aplicación de la ‘Doctrina Parot’ vulneraba los artículos 7 y 5.1 de la ‘Convención Europea de Derechos Humano’ por lo que debía ser puesta en libertad a Inés del Río Prada, miembro de ETA y condenada a 2.700 años de prisión. Del Río después de 18 años de cárcel debería haber sido puesta en libertad el 3 de Julio de 2008 por los beneficios penitenciarios establecidos en el Código Penal de 1973. La respuesta del Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, fue discrepar "severamente" de la sentencia y anunciar el recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo y que, en tanto se resolvía, no se pondría en libertad a la condenada porque existía riesgo de fuga "sin ningún género de dudas".
La resolución de la Gran Sala del TEDH, compuesta por 17 magistrados, determinó el 21 de octubre de 2013 que la ‘Doctrina Parot’ con carácter retroactivo vulneraba el artículo 5 del  ‘Convenio Europeo de Derechos Humano’, y que el Tribunal Supremo aplicó de forma retroactiva la ley más desfavorable a la presa, siendo que la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad. Por ello Inés del Río Prada fue puesta en libertad.
La sentencia de la Gran Sala del TEDH abre un debate de si el gobierno es culpable o no.
El periódico ‘La Vanguardia’ ha recogido la postura de varios de sus usuarios, como la de ‘Teopardo’ que señala que “el Tribunal Supremo queda en evidencia, ellos son los culpables del estropicio y de que auténticos monstruos vuelvan a ver la luz”.
En ‘El confidencial’ apuntan a López Guerra, número dos del Ministro de Justicia entre 2004-2007 (la ‘Doctrina Parot’ se realizó en 2006) y ahora miembro del TEDH. Apoyándose en las víctimas del terrorismo, “creen que Guerra ha transmitido entre sus compañeros la idea de que España es favorable a la derogación de la doctrina Parot”.
Tribunal de Estrasburgo (Imagen abc.es)

José María Ruiz Sora, periodista de ‘El País’ no duda en culpabilizar a los gobiernos. “También es momento de señalar a los grandes y a los pequeños culpables de lo sucedido. Los grandes culpables son los políticos y los Gobiernos de hace muchos años, de aquellos años en que se sabía a ciencia cierta que la aplicación del Código Penal y del sistema de redención de penas llevaba inexorablemente a que los presos condenados a miles de años de cárcel cumplieran en realidad menos de 20 años de efectiva privación de libertad. Fueron los Gobiernos de aquella época, que prefirieron mirar para otro lado y no modificar la ley entonces vigente, los que propiciaron que llegase el día en que terroristas sanguinarios tuviesen que ser puestos en libertad por los tribunales.”
En “ABC” han realizado una lista con los que ellos creen que son los cinco culpables: “el juez Luis López Guerra, el juez español que ha convencido a sus compañeros del TEDH para tumbar la doctrina Parot”. En segundo lugar “El resto de miembros del TEDH, propensos en su mayoría a hacer lo que han hecho tradicionalmente los europeos con los terrorismos que asesinan en otros países, mirar hacia otro lado y ponerse exquisitos con los “derechos” de los terroristas.” El tercer culpable para ellos es “José Luis Rodríguez Zapatero que no sólo negoció con ETA y prometió entre otras cosas a los etarras trabajo de influencia en la Justicia, sino que jugó un papel relevante en la oposición socialista a los numerosos intentos de la derecha española en tiempos de Felipe González para el establecimiento del cumplimiento íntegro de las penas”. Cuarto “los nacionalistas. Sobran explicaciones sobre su apoyo a la “integración social” de los terroristas.” Y en último lugar apunta a “la sociedad que apoyó la negociación con ETA, el fin de los crímenes a cualquier precio, y ahora se escandaliza hipócritamente por la injusticia y el dolor causado a las víctimas.”
Vídeo de agencia EFE:


La liberación de la etarra nos ha hecho buscar al un culpable, por ese afán que tenemos de buscarlo cuando creemos que hay una injusticia. La pregunta es ¿buscamos al culpable de que no se le pueda aplicar la ‘Doctrina Parot’ o de que esté en la calle? La culpa de que no se le pueda aplicar la ‘Doctrina Parot’ sería de quien hizo la Constitución ya que esta indica que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, lo que se hizo con Inés del Valle. Si al final no se le hubiese adaptado la ley, hubiese sido liberada en 2008 ya que el Código Penal de 1973 expone que una persona no puede estar más de 30 años en la cárcel. Si hubiera que fijar un culpable yo apuntaría a todos los partidos que han pasado por el gobierno y que no han cambiado el código civil que desde 1973 creemos que se ha quedado obsoleto pero no ahora, sino desde hace ya muchos años. Que una etarra culpable de tantos asesinatos esté en la calle es una injusticia pero buscar al culpable solo consigue indignarnos más. Lo sucedido debería marcar un antes y un después, abrirnos los ojos y hacer que pidamos un cambio en el Código Civil para que esto no vuelva a ocurrir.

Realizado por: Juan Iniesta y Jorge Ocaña


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